| Ante la presentación de la proposición no de ley para el reconocimiento de derechos a los moriscos. La OSMTJ afirma que no es posible aplicar criterios actuales a determinados acontecimientos que sucedieron en un contexto histórico muy diferente
26/11/09 
La rendición de Granada supuso el fin de una
larga guerra de reconquista de unos territo-
rios ocupados a la fuerza por el Islam. |
De seguir en esta línea de revisionismo sesgado de la historia, no descarta reclamar al Gobierno la devolución de los bienes expropiados a la Orden del Temple y que actualmente tienen en propiedad el Estado y administraciones autonómicas y locales. El 12 de noviembre, el diputado socialista José Antonio Pérez Tapias presentó, a la Mesa del Congreso de Diputados, una Proposición no de Ley encaminada a instar al Gobierno de España a que lleve a cabo determinadas actuaciones con motivo del IV Centenario de la Expulsión de los Moriscos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores. En concreto este diputado pide que el Gobierno “emprenda las actuaciones que se estimen necesarias para establecer y reforzar, por diversos medios y en la forma en cada caso más conveniente, los vínculos económicos, sociales y culturales con las poblaciones del Magreb y de África subsahariana descendientes de los moriscos expulsados del territorio español en el siglo XVII” y “a que dichas actuaciones se vean acompañadas del reconocimiento institucional, de la manera que sea procedente, de la injusticia que en su día se cometió con los moriscos expulsados de España”. Es sin duda otra iniciativa que vuelve a tergiversar la historia, y que finalmente sólo contribuye a dañar gravemente el espíritu de concordia entre españoles que definitivamente sancionó la Transición democrática española, la convivencia social y acentuar la injusticia reconociendo derechos de unos a costa de los de otros. La Proposición no de Ley tergiversa la historia de España al calificar de “conquista” la rendición de Granada, cuando este hecho histórico supuso el fin de una larga guerra de “reconquista”, cuando la entrega de Granada a los Reyes Católicos fue la culminación a más de siete siglos de ocupación islámica de la Península Ibérica ,que aprovechándose de la debilidad del Reino Visigodo en unos momentos de conflictos internos por motivos de sucesión, arrebataron territorios por la fuerza y que se mantuvieron a base de represión y violencia. Nuevamente esta revisión de la historia, desde una óptica sesgada y personalista, olvida que en el año 589 D.C., tras más de tres siglos en que el Reino Visigodo siguió a la herejía arriana (cristiana), bajo el reinado de Recaredo, el reino pasa a declararse oficialmente católico y que las tropas musulmanas inician la invasión en el 711, 122 años después de que este fuese oficialmente católico y cerca de tres siglos después de que fuese cristiano. 
Aben Humeya dirigió la rebelión de los moriscos,
con apoyo económico de Argelia y ayuda turca y
berebere; masacrando a la población cristiana. |
El Gran Priorato de España de la OSMTJ, Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalem, lamenta que interesadamente se omita gran parte de la nuestra historia, como si la Península Ibérica no hubiese existido con anterioridad a la invasión musulmana del 711. Pero igual de lamentable y reprobable es cuando en la exposición de motivos de la Proposición no de Ley del diputado Pérez Tapias, se utilizan términos como “por la represión de la minoría morisca”, “la intolerancia religiosa, la política de asimilación plasmadas en el dilema de o conversión o exilio” o “el resentimiento de la población cristiana”, cuando no a referencias expresas al fanatismo y al racismo; omitiendo deliberadamente que la conquista islámica de la Península Ibérica se consiguió a base de sangre y fuego, con el aniquilamiento, sometimiento, expulsión o esclavización de los cristianos godos de los territorios que les fueron arrebatados. Pero si la conquista de la península por parte del Islam fue cruenta, la ocupación y mantenimiento de los territorios ocupados fue todavía peor, y la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes fue muy dura, y en algunos momentos cruel, ya que hablamos de unos ocupantes que además del componente político y económico, tenían otro que no se nos debe olvidar en este asunto, el religioso. Hablamos de una teocracia que impuso su religión a toda costa durante estos siglos. Ahí están las discriminaciones de la Córdoba Omeya o las persecuciones religiosas de almorávides y almohades, cuyos ejemplos más sangrantes los tenemos, en el sabio musulmán Averrores o el judío Maimónides, que debieron exiliarse huyendo de la represión islámica. Entendemos que una recuperación de la memoria histórica no puede llevarse a cabo exclusivamente extrayendo algunos capítulos de la misma, sino en su globalidad. No es de recibo obviar a unos protagonistas o hechos históricos, para premiar a otros. Estamos convencidos que el más elemental sentido común exige que los políticos se ocupen de resolver los problemas de los ciudadanos y dejen la historia en manos de los historiadores, velando siempre por la convivencia entre pueblos y religiones, no promoviendo el enfrentamiento. No es posible aplicar criterios actuales a determinados acontecimientos que sucedieron en un contexto histórico muy diferente, si verdaderamente se quiere ser justo. 
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El Gran Priorato de España se muestra perplejo por esta iniciativa, impregnada de intolerancia y sectarismo, cuando no de un profundo odio a las profundas raíces cristianas de la España actual, de cuya mezcla resulta cuando menos peligrosa para la convivencia de los pueblos. Este episodio es uno más de la trayectoria histórica de un pueblo, con sus aciertos y con sus errores, que una sociedad moderna y democrática debe asumir, sin plantear responsabilidades, aprendiendo de los errores para que no vuelvan a ocurrir, apartándose comparaciones anacrónicas con la actualidad. Josep de Juan i Buixeda, Gran Prior de España, ha remitido al presidente del Gobierno y al presidente del Partido Popular una misiva en este sentido, donde entre otras cosas pide serenidad a la hora de abordar la historia, respeto y que estos temas sean tratados exclusivamente por expertos, basándose en la prudencia, la imparcialidad y objetividad. El Gran Priorato de España no descarta, en caso de seguirse con esta línea de recuperación sesgada de la memoria histórica, pedir que también se revise las propiedades expropiadas a la Orden del Temple por los diversos reinos cristianos de la Península Ibérica y que actualmente forman parte del patrimonio del estado y de otras administraciones autonómicas y locales; como reconocimiento a otra injusticia histórica cometida en nuestra tierra y que también tiene el mismo derecho a no ser olvidada. De la misma forma que, entre otros hechos históricos, podría pedirse la devolución a la Iglesia Católica de los bienes expropiados en los procesos de desamortización que en los siglos XVIII y XIX se dieron en España.
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